Quito, 19 de junio de 2017

La reacción oportuna ante casos de vulneración de derechos de los estudiantes es una prioridad para el Ministerio de Educación. Este compromiso se traduce en una serie de acciones en favor de la promoción de la cultura de prevención y la socialización de procedimientos para sancionar a infractores, dentro y fuera de las instrucciones educativas.

Es por eso que se han dispuesto los siguientes canales, prestos para escuchar cualquier denuncia:

• Servicio Integrado de Seguridad ECU 911
• Distritos Educativos
• Fiscalía
• Página web Educar Ecuador: https://www.educarecuador.gob.ec/
• 1800-Educación (338222)

A la par, se han desarrollado políticas de prevención en las instituciones educativas, con el fortalecimiento de los Departamentos de Consejería Estudiantil (DECE). Desde estos espacios se generan procesos de apoyo y prevención frente a casos de violencia escolar, consumo de drogas y riesgos sociales. Las situaciones que involucran vulneraciones de derechos se derivan a las instancias correspondientes, mediante la aplicación de protocolos.

La rigurosidad en la selección de personal docente y administrativo es otra de las estrategias desplegadas. De forma complementaria, se ha instruido a los establecimientos educativos que se realicen sumarios a todas las personas vinculadas con hechos de violencia sexual, para su desvinculación definitiva.

Otro eje de trabajo es la articulación permanente con los entes de justicia y vigilancia de derechos, en corresponsabilidad con la sociedad en general. En este sentido, se está realizando una revisión de los protocolos y procesos de respuesta frente a casos de vulneración de derechos de menores, para detectar e intervenir oportunamente en estos casos.

El seguimiento a los casos instaurados en la Fiscalía y en conocimiento de los jueces especializados es clave para que se sancione con todo el rigor de la ley a los infractores y no queden en la impunidad.

Denunciar, combatir y sancionar este tipo de delitos que afectan a la comunidad educativa es un compromiso de todos. Identificar oportunamente las presunciones del cometimiento de estos delitos permite garantizar el desarrollo integral de niños, niñas y adolescentes.