La subsecretaria de Educación del Distrito Metropolitano de Quito, Francisca Herdoíza, acudió esta tarde al colegio Mejía para informar a varios padres de familia sobre el proceso disciplinario que se inició para los estudiantes que participaron en las manifestaciones de los días 17, 18 y 19 de septiembre de 2014.

Herdoíza manifestó que este trámite corresponde a un procedimiento interno, que busca determinar la pertinencia de aplicar acciones educativas disciplinarias y no se trata de un asunto legal, desmintiendo la necesidad de recurrir a los servicios de un abogado para llevar el caso, lo que significa un gasto innecesario para los padres de familia, afirmó.

En el artículo 134 de la Ley Orgánica de Educación Intercultural (LOEI), se estipulan como faltas muy graves, entre otras: Ocasionar daños a la infraestructura física y al equipamiento del establecimiento educativo; Ocasionar daños a la propiedad pública o privada; e, Intervenir en actividades tendientes a promover la paralización del servicio educativo.

Este tipo de faltas serán analizadas al interior del establecimiento educativo, según la normativa que establece el Acuerdo Ministerial 434-12 – Capítulo III: de las acciones educativas disciplinarias Artículo 11 y 13.

Por esta razón, la máxima autoridad del establecimiento educativo ha emitido las providencias para dar inicio a los procesos disciplinarios, mismas que contienen, entre otros aspectos, la determinación de suspensión para los estudiantes hasta que culmine el proceso investigativo. Esto último, en apego al último inciso del artículo 134 de la LOEI.

Los estudiantes involucrados en este proceso, están siendo notificados a través de sus representantes (en caso de ser menores de edad) y de manera directa (en
caso de ser mayores de edad) con el inicio del proceso disciplinario, quienes tendrán tres días para presentar la documentación de descargo a la que hubiere lugar.

Luego, la máxima autoridad del establecimiento definirá fecha y hora en la cual los estudiantes, presentarán sus alegatos.

Posteriormente, la máxima autoridad del plantel deberá remitir a la Junta Distrital de Resolución de Conflictos competente, el expediente con las correspondientes
conclusiones y recomendaciones para que esta proceda al análisis y resolución respectiva.

El Ministerio de Educación (MinEduc) garantiza que los jóvenes que se encuentran inmersos en los procesos disciplinarios reciban tareas dirigidas y cuenten con
un tutor para garantizar que, aún suspendidos, no pierdan clases.

Referencia: Acuerdo ministerial 434-12 – Capítulo III: de las acciones educativas disciplinarias Artículo 11 y 13.