Quito, 3 de octubre de 2017

La firma de un convenio interinstitucional permitirá operativizar este objetivo

Alcanzar acciones coordinadas para la prevención, identificación, judicialización, erradicación, combate y sanción de la violencia en el sistema educativo, es el objetivo por el que los Ministerios de Educación; Justicia, Derechos Humanos y Cultos; el Consejo de la Judicatura y la Fiscalía General del Estado firmaron este 3 de octubre un Convenio Marco de Cooperación Interinstitucional para garantizar espacios educativos libres de violencia.  Este documento presenta las líneas de actuación para la atención en casos de violencia dentro de los espacios educativos.

Entre las obligaciones a las que se comprometen la Fiscalía General del Estado y el Consejo de la Judicatura está el generar el registro de los casos de delitos contra la integridad física y sexual de los niños, niñas y adolescentes dentro del sistema educativo; así como la atención y acompañamiento inmediato a los niños, niñas y adolescentes víctimas de violencia; y, la restitución integral y la reparación a las víctimas con enfoque de derechos.

Además de impulsar las investigaciones cumpliendo con los principios de inmediatez; levantar estadísticas sobre los casos denunciados; mantener información disponible sobre los sobreseimientos, sentencias y demás procesos vinculados a casos de violación sexual.

De su parte, el Ministerio el Justicia, Derechos Humanos y Cultos, tiene entre sus acciones planificadas la creación de espacios de cooperación para garantizar el cumplimiento del objetivo del convenio, además de consolidar la información sobre situaciones de violencia sexual en los centros educativos.

Rosana Alvarado, titular de Justicia, explicó que cualquier esfuerzo que las instituciones puedan proponer va a significar un paso más para evitar la impunidad de sucesos que todos rechazamos como pueblo y sociedad. Recordó que los mecanismos implementados se reforzarán con la firma del convenio.

Fander Falconí, ministro de Educación, señaló que el convenio tiene como objeto evitar la impunidad de la violencia en todas sus formas que se produce particularmente en los espacios educativos y enfatizó la política de cero tolerancia frente a la violencia y al abuso en los espacios educativos, tal como lo establece el programa impulsado por el Ministerio “Más Unidos Más Protegidos”.

En el caso de esta cartera de Estado, se debe definir los instrumentos normativos para orientar las acciones que deben llevar adelante las autoridades educativas, atender a las víctimas de violencia y denunciar la vulneración de derechos. También deberá reportar oportunamente las acciones administrativas y judiciales realizadas, capacitar a los miembros de la comunidad educativa sobre los procesos que deben emprender para erradicar este tipo de delitos, entre otras disposiciones.

Estas acciones se enmarcan dentro de las políticas de protección de derechos que se impulsan para garantizar el bienestar de los niños, niñas y adolescentes.