Cuenca, 06 de febrero de 2025

El Ministerio de Educación ha presentado una nueva normativa que otorga beneficios tributarios a personas naturales y empresas que financien proyectos educativos en áreas como alimentación, becas, infraestructura y tecnología.

Esta medida busca fomentar la inversión privada en la educación y garantizar mejoras significativas en instituciones fiscales, fiscomisionales y particulares ubicadas en zonas rurales y urbano-marginales.

Los patrocinadores de estos proyectos podrán acceder a una deducción adicional de hasta el 150 % en el impuesto a la renta, siempre que cuenten con la certificación otorgada por el Ministerio de Educación.

En la Zona 6, que comprende las provincias de Azuay, Cañar y Morona Santiago, un total de 1.591 instituciones educativas están habilitadas para recibir estos beneficios: 673 en Azuay, 306 en Cañar y 612 en Morona Santiago.

Proceso para acceder al beneficio

Para acceder a estos incentivos, los interesados deben cumplir con cuatro etapas: registro, calificación, ejecución y certificación del proyecto educativo financiado.

Los proyectos educativos pueden enfocarse en cuatro áreas clave:

• Becas: Los fondos deben entregarse en efectivo a través del Sistema Financiero Nacional antes del inicio del ciclo escolar. La inversión mínima es de $346 para escuelas fiscomisionales y de $1.377 para instituciones privadas en sectores vulnerables.
• Alimentación escolar: Los patrocinadores deben garantizar la entrega de productos saludables, en cumplimiento con las Guías Alimentarias de la Autoridad Sanitaria Nacional. La inversión mínima es de $2.200, con monitoreo e informes mensuales obligatorios.
• Infraestructura educativa: Incluye construcción, mantenimiento y remodelación de instalaciones educativas, con inversiones que van desde $15.000 hasta $1.000.000. En la Zona 6, las intervenciones priorizadas incluyen la rehabilitación de cubiertas, canchas, paredes, pisos, aulas y sistemas eléctricos.
• Infraestructura tecnológica: Los proyectos deben incluir la adquisición de equipos, un plan pedagógico y un seguimiento técnico de seis meses. La inversión mínima es de $2.500 y la máxima de $500.000. En caso de incluir conectividad a internet, se debe garantizar su servicio y mantenimiento.

En la Zona 6, se ha identificado que 760 instituciones requieren adecuaciones en sus infraestructuras tecnológicas o la implementación de laboratorios especializados.

Con esta iniciativa, el Ministerio de Educación reafirma su compromiso de mejorar la calidad educativa a través de la colaboración del sector privado, asegurando que los recursos sean utilizados de manera efectiva para el beneficio de miles de estudiantes en el país.