Quito, 11 de enero de 2018

En cumplimiento de la política de cero tolerancia frente al cometimiento de delitos de violencia sexual cometidos en contra de niños, niñas y adolescentes al interior del sistema educativo nacional; el Ministerio de Educación (MinEduc) presentó en la Fiscalía General del Estado, 75 nuevas resoluciones de las Juntas Distritales de Resolución de Conflictos por las cuales se dispuso la suspensión temporal de docentes de los que se presume que pudieran haber cometido este tipo de delitos. Las resoluciones corresponden al periodo 2014-2017.

“Esta entrega implica la continuación de un conjunto de acciones, que ya desarrollamos el año pasado cuando en tres ocasiones acumulamos 181 sumarios administrativos que habían sido archivados en el sistema educativo”, señaló el ministro de Educación, Fander Falconí, al recordar que es la cuarta ocasión en que esta cartera de Estado proporciona formalmente denuncias a la Fiscalía.

Estas denuncias son el reflejo de una clara petición para que el Ministerio Público disponga, en el marco de sus competencias, la investigación de posibles encubrimientos, omisiones o negligencias cometidas en el ámbito administrativo, al sancionar este tipo de casos. Con ello, se espera que se formulen las responsabilidades penales pertinentes, en caso de detectarse irregularidades.

En la misma línea de trabajo, con fecha 8 de enero de 2018, se emitió el Acuerdo Ministerial Nro. 2018-01-A, que dispone a los nueve Coordinadores Zonales de Educación a nivel nacional, se interpongan recursos extraordinarios de revisión en el ámbito administrativo.

Marcelo Jaramillo, coordinador de Asesoría Jurídica del MinEduc, explicó los alcances de este Acuerdo. “El recurso de revisión faculta a la más alta autoridad poder revisar lo actuado por las Juntas Distritales. Vamos a hacer un segundo examen donde vamos a evidenciar cómo adoptaron las decisiones de suspensión respecto a los errores de hecho y de derecho”.

Si se detectara omisión o inobservancia a la Ley con relación a los delitos de violencia sexual, cometidos por estos docentes durante el periodo 2014-2017 en contra de los estudiantes, la decisión de las Juntas podrá revocarse, y dichos docentes serían inmediatamente destituidos.

Estos esfuerzos ponen de manifiesto la decisión y compromiso del Ministerio de Educación con la investigación, y de ser el caso, la sanción a los responsables del cometimiento de estos execrables hechos.

Asimismo, estas acciones conminan a las instancias competentes a atender con agilidad y compromiso las denuncias presentadas, y evitar la impunidad.