Quito, 01 de agosto de 2018

En relación a la providencia realizada por la Fiscalía General del Estado al titular del Ministerio de Educación, Fander Falconí, para que comparezca a informar sobre el pago del incentivo jubilar para los docentes retirados de las provincias de Chimborazo y Cañar, esta Cartera de Estado informa que se ha solicitado a la autoridad fiscal se recepte el informe de la máxima autoridad ministerial vía informe, acogiéndose a lo dispuesto en el artículo 502 numeral 11 del Código Orgánico Integral Penal (COIP), o se fije un nuevo día y hora para rendir versión.

Señala además que el Ministerio ya informó a la Fiscalía sobre las gestiones que se han realizado para dar cumplimiento a las sentencias judiciales dictadas de 6 de julio de 2012 referente al caso de los jubilados de la provincia de Chimborazo, y 22 de marzo de 2013, referente al caso de los jubilados de las provincias de Azuay y Cañar.

En el escrito enviado a la Fiscalía, el Ministerio de Educación señaló que se cumplieron todas las gestiones que en su momento no fueron cumplidas por las administraciones pasadas y que en el caso de los jubilados de Chimborazo ya se realizó la transferencia y consignación de más de 5,3 millones de dólares a la cuenta del Tribunal Contencioso Administrativo.  Se espera un último pronunciamiento por parte de la Corte Constitucional respecto a una acción extraordinaria de protección, acción que fue presentada por el ex ministro Augusto Espinosa y que se encuentra en manos del juez constitucional Francisco Butiñá.

Respecto al caso de los jubilados de Azuay y Cañar se informó a la Fiscalía  que se solicitó al Tribunal Contencioso Administrativo, señale el número de la cuenta bancaria donde debe realizarse la transferencia bancaria para el pago de la diferencia de la compensación económica por jubilación.  Una vez que se ha determinado el número de cuenta ya se están haciendo las gestiones ante el Ministerio de Finanzas para ejecutar la entrega de los recursos.

El Ministerio respeta los derechos de los jubilados y los fallos emitidos por las instancias jurisdiccionales.  ​