Ibarra, 11 de junio de 2018

“Como Ministerio de Educación manejamos una política de cero tolerancia a este tipo de actos. No haber entregado los textos de manera oportuna, y que nuestras niñas y nuestros niños se hayan visto afectados por esta terrible negligencia, lo consideramos como un acto de corrupción”, señaló la  viceministra  de Gestión  Educativa, Mónica Reinoso,  en una  rueda  de  prensa  junto  con el coordinador Zonal 1, Patricio Silva, convocada para informar sobre las acciones que lleva adelante el Ministerio de Educación, en relación a los textos escolares encontrados embodegados en la ciudad de Ibarra.

“Estamos indignados con esta acción. Los recursos educativos no pueden ser botados a la basura de ninguna manera”, dijo Reinoso al señalar que los materiales corresponden a los años 2010, 2011,

2012, 2013 y 2014, que no se entregaron a tiempo a la comunidad educativa, y que por un mal proceso fueron a parar en una planta de reciclaje. La Viceministra informó que como primera acción se recuperó el 100% de los textos y ahora están en poder de la Coordinación Zonal 1 que se encargará de levantar los informes del caso y determinará la distribución de los materiales.

Reinoso informó además que el día de hoy, el ministro de Educación, Fander Falconí, solicitó oficialmente a la Contraloría General del Estado una auditoría con el fin de determinar las responsabilidades de los funcionarios del gobierno anterior que no distribuyeron oportunamente los textos escolares a las Unidades Educativas, para tomar las acciones necesarias tanto lo penal como en el administrativo. En este último ámbito, la Coordinación Zonal 1 tomó ya las primeras acciones con la destitución de dos funcionarios, uno de ellos era el director Zonal de Administración Escolar que estuvo a cargo de la disposición de que los textos se envíen a reciclar. También se inició el proceso de sumario administrativo contra otras tres personas vinculadas responsables de los bienes y custodia de los materiales. “Ante este hecho hemos actuado con toda la severidad que nos permite la ley”, enfatizó coordinador Zonal Silva.

También explicó que se está haciendo un inventario “uno a uno” de los textos, con la finalidad de establecer su estado y poder retornarlos al sistema educativo. Señaló que a inicios de mayo se pidió el inventario de toda la zona 1 y en el proceso de evaluación del estado de los libros sucedió este acto reprochable e injustificable.

«Nosotros creemos que el libro no es solamente un bien material, sino que es generador de vida y conocimiento. Por lo tanto, no podemos darle el tratamiento que se le dio de intentar reciclarlos. Estos libros para nosotros son instrumentos pedagógicos y didácticos y los vamos a utilizar justamente en ese proceso», dijo Silva al explicar que una vez que se haya levantado la información y se cuente con un inventario debidamente especificado, se iniciará un proceso de distribución en las bibliotecas de las Unidades Educativas de la Zona 1. “Tenemos 1.700 Instituciones Educativas en la Zona 1, más de 900 de ellas están en el sector rural y todas requieren éste tipo de material didáctico», acotó.