Quito 9 de noviembre de 2017

El Ministerio de Educación, a través de la Subsecretaría de Educación del Distrito Metropolitano de Quito, inició el proceso de intervención a la Academia Aeronáutica Mayor Pedro Traversari – AAMPETRA; con el fin de proteger los derechos de los niños, niñas y adolescentes que acuden a esta unidad educativa.

Las autoridades educativas están comprometidas para eliminar todo tipo de violencia contra los estudiantes, en el marco de la política de Cero Tolerancia e Impunidad, en el sistema educativo.

De acuerdo al artículo 3 de la Normativa para Intervenciones a Instituciones Educativas, el proceso implica acción en el plano académico y administrativo, de carácter cautelar y temporal; para solucionar problemas que contraríen el normal funcionamiento, en procura de “elevar la capacidad de gestión institucional, evitando perjuicios a los estudiantes”.

Asimismo, según lo establece el artículo 4 de dicha regulación, “la intervención no suspende el funcionamiento del establecimiento educativo”.

Cabe recalcar, que tras los hechos perpetrados en 2011, por un docente, quien fue condenado por la justicia por el delito de atentar contra el pudor.  AAMPETRA desde el mes de junio pasado, ha sido monitoreada permanentemente por el Ministerio de Educación. Como resultado del seguimiento a la gestión administrativa, académica y pedagógica que se ha hecho; actualmente, están en curso dos procesos sancionatorios: uno por haber negado el cupo a una niña con discapacidad auditiva, y otro por no atender los requerimientos de información, respecto a la contratación del personal directivo, docente y administrativo, conforme a los lineamientos establecidos por el Ministerio de Educación.  Adicionalmente, existe abierto un caso de violencia sexual grave que está siendo investigado por las autoridades judiciales respectivas.

El Ministerio de Educación a través de su plan de intervención establece el marco de una actuación y compromiso corresponsable de exigir y hacer justicia frente a los atentados cometidos en perjuicio de la dignidad de los miembros de las instituciones educativas.  Esta intervención propone restablecer la confianza de comunidad educativa y la sociedad en general a través de la ejecución de un plan de intervención integral con enfoque en derechos.