Quito, 03 de agosto de 2021

La ministra de Educación, María Brown Pérez, acompañó al presidente de la República, Guillermo Lasso, en la firma del Decreto Ejecutivo N.° 145, para simplificar y agilitar trámites administrativos y procesos con la finalidad de contar con un sistema educativo más flexible, autónomo y responsable, que responda al contexto actual y facilite la libre elección de las familias sobre la educación que quieren para sus hijos.

Entre los cambios se encuentran los relacionados con textos escolares, anteriormente se exigía certificados curriculares para todos los libros que utilizaban los establecimientos educativos particulares, fiscomisionales y públicos del país.

Ahora, se eliminan las certificaciones y las instituciones podrán elegir los textos que cumplan los estándares de aprendizaje presentando una declaración juramentada de corresponsabilidad. Así mismo, se establece un proceso riguroso de revisión y definición de los recursos editoriales y no editoriales que adquiera el Estado para entregar en todas las instituciones fiscales. Garantizando así, la calidad e independencia de estos recursos.

Desde que inició la pandemia las prácticas cotidianas cambiaron. Las nuevas modalidades de estudio permitirán responder a las necesidades y realidad actual, por lo cual se dispone la posibilidad de autorizar la creación y oferta de modalidades educativas semipresenciales y a distancia que hasta el momento estaban únicamente permitidas para mayores de 15 años, con escolaridad inconclusa. Además, las instituciones particulares y fiscomisionales deben transparentar los costos de pensiones, matrículas, listas de útiles o libros de texto y sus valores referenciales.

Otro de los puntos está relacionado con las autorizaciones de funcionamiento de las instituciones educativas particulares, municipales y fiscomisionales a escala nacional, cuyos requisitos antes eran complejos. Se eliminó requisitos innecesarios para generar facilidades en el proceso de autorización para funcionamiento, renovaciones de permisos otorgados y se descartan las renovaciones periódicas. Ahora las instituciones educativas informarán y solicitarán autorización únicamente cuando existan cambios en la oferta o condiciones en las que sus servicios fueron aprobados.

En beneficio de los docentes, se establece una ampliación del tiempo de vigencia de la condición de elegibilidad de los maestros que aspiran a una plaza en el Magisterio Nacional. Esta pasa de tener una vigencia de dos a cinco años. De igual manera se reducen los plazos establecidos para los concursos de méritos y oposición, disminuyendo el tiempo de 13 a 6 meses.

Esta cartera de Estado trabaja enmarcada en el plan de trabajo del Gobierno del Encuentro y se enfoca también en los ejes: Fuertes y Libres y Flexibles, otorgando mayor autonomía, oportunidades de innovación y fortaleciendo los procesos de contratación de docentes.