Guayaquil, 09 de agosto de 2018

A través de un ejercicio de simulacro en la Unidad Educativa Fiscal Guayaquil se realizó el lanzamiento del Protocolo de respuesta ante la presencia de artefactos explosivos en las instituciones educativas a nivel nacional. El documento se firmó el 15 de junio de 2018 y es de aplicación obligatoria en todas las instituciones educativas fiscales, municipales, fiscomisionales y particulares.

El Protocolo es una guía que se debe implementar en caso de presentarse eventos peligrosos en las instituciones educativas, para salvaguardar la integridad física y psicológica de los miembros de la comunidad educativa.

Durante el lanzamiento, Fander Falconí, ministro de Educación resaltó que si bien existen amenazas constantes en la sociedad, como el cambio climático, también hay un conjunto de escenarios anómalos que son provocados por situaciones de terror. Por ello, es importante entender la magnitud del riesgo y sus secuelas, y es fundamental la prevención. “Si bien hay un índice menor de que existan artefactos explosivos en las escuelas y colegios, debemos actuar de manera precavida”, señaló Falconí, al recordar que es la primera vez que Educación tiene un protocolo para prevenir las posibilidades de tener explosivos en las unidades educativas.

El Protocolo de respuesta ante la presencia de artefactos explosivos en las instituciones educativas a nivel nacional fue presentado en 2.251 planteles escolares hasta finales de junio.  En la Zona 8 se han capacitado a 463 unidades educativas, 388 autoridades, 815 docentes y 352 personal administrativo.

Durante el simulacro, los estudiantes de la Unidad Educativa Fiscal Guayaquil realizaron la evacuación interna hacia los puntos de encuentro, donde fueron atendidos por la brigada institucional del colegio.

Dentro de las actividades de prevención que realiza esta Cartera de Estado está la ejecución de dos tipos de simulacros en las instituciones educativas constantes. Uno que se lleva a cabo a mediados de cada mes sobre sismos, y otro que se da el último viernes del mes sobre las amenazas de mayor incidencia o impacto que requiera la institución educativa.