Quito, 19 de julio de 2018

Desde el 2014 hasta el 27 de junio de 2018, el Ministerio de Educación recibió 4.111 denuncias de violencia sexual, de las cuales 2.274 se cometieron fuera del entorno escolar y 1.837 ocurrieron dentro de él. Asimismo, se han entregado 734 resoluciones de casos archivados o suspendidos en la Fiscalía General del Estado, para revisión.

Las cifras fueron presentadas este miércoles, 18 de julio de 2018, durante el encuentro entre autoridades del Ministerio de Educación y otras carteras de Estado que conforman la Mesa Espacios Libres de Violencia realizado en el norte de Quito.

Durante la reunión también se mostraron los avances en las acciones articuladas para afrontar la violencia en el sistema educativo en trasparencia de información, normativa, reparación, prevención y acceso a la justicia.

Una de las principales acciones que maneja el Ministerio de Educación es el mejoramiento de la normativa, por tal razón esta Cartera de Estado ha propuesto reformas a la Ley Orgánica de Educación Intercultural, en la Asamblea Nacional. Por otro lado, se ha fortalecido las capacidades de los profesionales DECE sobre hechos de violencias que sustentan los sumarios administrativos ante casos de violencia.

En materia de reparación se construyó un protocolo de reparación integral a víctimas de violencia sexual. Con el Ministerio de Justicia, Derechos Humanos y Cultos se transfirió más de un millón de dólares para el fortalecimiento de los Servicios de Protección a víctimas (SEPE), que ya han iniciado procesos de atención a 686 casos.

Sobre prevención, en cambio, se ha difundido las campañas comunicacionales de prevención con Unicef: ‘Aprende a ser tu propio Superhéroe’ y ‘Conviértete en un súper padre para combatir el abuso sexual’. Por otro lado, en coordinación con el Consejo para la Igualdad Intergeneracional (CNII), 2.400 estudiantes participaron en los encuentros Hablas tú, Hablo yo, para construir la política de prevención.

Los representes reiteraron su compromiso y apoyo a las acciones interinstitucionales que ha liderado en Ministerio de Educación,  en coordinación con entidades del Ejecutivo, Legislativo y Judicial, para garantizar los derechos de niñas, niños y adolescentes.