El ministro de Educación, al ser consultado sobre el aseguramiento de unidades educativas, mencionó su coincidencia con lo que señala la norma del control interno de la Contraloría General del Estado, así como el deber de los servidores públicos por dar cumplimiento a la totalidad de la normativa que rige su funcionamiento.

Además, señaló que es un deber de los servidores públicos identificar los riesgos que puedan afectar el logro de los objetivos institucionales y adoptar medidas adecuadas para afrontarlos. El ministro enfatizó que si esta evaluación no fuese obligatoria, debería asegurar a todos los bienes en todos los casos, lo que resultaría inconveniente. La decisión respecto a la contratación de seguros debe ser resultado de la relación costo-beneficio, que no comprometa el cumplimiento de los objetivos institucionales.

Asimismo, afirmó: “si se buscara sancionar injustamente a un director distrital por no contratar un seguro para todos los bienes, ahorrándole millones de dólares al Estado, personalmente me pondría al frente en su defensa, incluso en un juicio político”, afirmó el titular de Educación.

“Se debe abordar el tema con seriedad pues lo que se busca es precautelar los recursos del Estado. “¿Hay que preguntarse cuánto se ha pagado en los últimos 25 años en pólizas de seguro y cuánto se ha recuperado? Cuando se piensa en el país y se tiene el conocimiento necesario, se puede lograr beneficios enormes”, afirmó la autoridad educativa.

Para argumentar su posición sobre la eficiencia del gasto público, presentó un ejercicio sobre lo que hubiese costado asegurar toda la infraestructura y equipamiento educativo. Este hecho le habría costado al Estado una pérdida neta de USD 157.232.081,02 millones.