Ibarra, 17 de septiembre de 2020

La Zona 1 de Educación, a través de la Dirección de Educación Especializada e Inclusiva, realizaron un taller dirigido a 60 representantes de Gobiernos Descentralizados, ONG y responsables de prevenir situaciones de violencia, sancionar y restituir derechos de la niñez y adolescencia en Imbabura. El objetivo es socializar los protocolos de actuación contra la vulneración de derechos de niños, niñas y adolescentes.

Entre las instituciones participantes se encuentran la Gobernación de Imbabura, Fiscalía Provincial, Municipios de Imbabura, Subsecretaria de Derechos Humanos, tenientes políticos y Departamentos de Consejería Estudiantil. Este encuentro interinstitucional busca sobre todo el fortalecimiento y coordinación interinstitucional que facilite la investigación, sanción y restitución por hechos de violencia en contra de menores de edad y así propiciar la convivencia escolar armónica y pacífica, fortaleciendo las relaciones entre quienes integran la comunidad educativa.

La Coordinadora Verónica Silva manifestó: “Es un gusto poder compartir la implementación de la política pública concerniente a la vulneración de derechos de niños, niñas y adolescentes. Lineamientos enmarcados en rutas y protocolos que salvaguarden a nuestros estudiantes ante casos de violencia detectados en el sistema educativo.”

Los profesionales DECE, dando cumplimento a sus ejes de actuación, al evidenciar situaciones de riesgo dentro y fuera del sistema educativo activan las rutas y protocolos derivadas en primera instancia a la autoridad de la institución educativa y paralelamente a la Dirección Distrital y a la Fiscalía en los casos de violencia sexual.

Con el objetivo de realizar el Plan de Acompañamiento para restituir el derecho violentado se articulan los siguientes actores: Fiscalía, DINAPEN, Junta Cantonal de Protección de Derechos, Consejo de la Judicatura, Ministerio de Justicia, Derechos Humanos y Cultos (actual Secretaría de Derechos Humanos).

El Ministerio de Educación busca fortalecer el trabajo interinstitucional para salvaguardar los derechos de los estudiantes en todo el sistema educativo, liderando estrategias que permitan reducir los casos de violencia de forma eficaz, antes, durante y después del hecho.