Quito, 8 de abril 2020

En contextos de emergencia, los Estados deben hacer su máximo esfuerzo para velar por el acceso universal y sin discriminación a la educación de los niños, niñas, adolescentes y adultos que estudian, tal como lo establecen los instrumentos internacionales y la propia Constitución del Ecuador en su artículo 26.

Suspender la educación implica la interrupción del sentido de normalidad y regularidad que favorece el desarrollo y la estabilidad socioemocional de la población en contextos de crisis.

Es fundamental que los docentes mantengan contacto regular con los estudiantes y sus familias, de manera remota, con el fin de favorecer la cohesión social, prevenir la violencia intrafamiliar y asegurar la continuidad del aprendizaje.

El impacto de esta emergencia podría ser aún más grave si la educación se detiene. UNICEF y UNESCO instan a los tomadores de decisiones de las distintas funciones del Estado a incrementar la conectividad y el acceso a comunicación de los docentes para que puedan continuar con su labor.

A su vez, las Organizaciones instan a emplear medidas que incentiven a los medios públicos, comunitarios y locales a difundir contenidos educativos de calidad bajo los principios de educación en emergencias.

Los docentes constituyen un apoyo fundamental para las familias en momentos de emergencia. A través de ellos, no solo se garantiza el derecho a la educación de los niños, sino que las familias pueden recibir consejos concretos y sencillos sobre actividades que ayudan a bajar los niveles de estrés, angustia y violencia. Por ello, es crucial mantener su estabilidad laboral y brindarles las herramientas necesarias para llevar a cabo su trabajo.

UNICEF y UNESCO apoyan al Ministerio de Educación para adaptar la educación en el contexto actual a través de plataformas virtuales, contenido educativo para televisión, radio, redes sociales, y a su vez, apoya con acompañamiento pedagógico y psicosocial a través de llamadas
telefónicas semanales a las familias.

Finalmente, invitamos a las personas, familias, maestros, empresas y a la sociedad en su conjunto, en pleno ejercicio del derecho y la responsabilidad de participar en el proceso educativo, a sumarse de forma activa a estos esfuerzos para que la educación en esta emergencia no se suspendida, sino que, por el contrario, se consolide desde una acción común.