Quito, 12 de marzo de 2019

Milton Luna compareció ante la Comisión Especializada Permanente de los Derechos de los Trabajadores y la Seguridad Social.

El Gobierno Nacional trabaja en la reestructuración y optimización del sector público con el propósito de volverlo más racional y eficiente en el contexto de austeridad y control del gasto presupuestario. La política económica gubernamental busca crear un entorno económico favorable y reducir los desequilibrios fiscales.

Bajo este criterio el ministro de Educación, Milton Luna Tamayo, asistió este miércoles 13 de marzo, a la Asamblea Nacional, a la Comisión Especializada Permanente de los Derechos de los Trabajadores y la Seguridad Social, en donde compareció sobre la desvinculación de servidores públicos que se encontraban bajo la modalidad de contrato por servicios ocasionales de esta cartera de Estado.

Durante su comparecencia el Ministro explicó que esta Cartera de Estado desvinculó únicamente al personal administrativo bajo el régimen laboral de la LOSEP, en la modalidad de contratos de servicios ocasionales, exceptuando el personal de los Departamentos de Consejería Estudiantil y Unidades de Apoyo a la Inclusión, que forman parte de la gestión educativa. La optimización no aplica a docentes que se encuentran bajo la modalidad de contrato y no perjudica las funciones de las instituciones ni los servicios que reciben los ciudadanos.

Además, Luna explicó que la información disponible en los registros financieros del Ministerio de Educación, en cuanto al pago de nómina, se constata que en diciembre de 2008 se pagaba a 1.482 personas bajo la figura de contratos, y para el año 2018, la cifra se elevó a 3.981, lo que implica un crecimiento del 268%.

Por último, resaltó que las desvinculaciones realizadas se encuentran amparadas en el marco legal y normativo vigente, conforme lo establecido en el Estatuto Orgánico de Gestión Organizacional por Procesos del Ministerio de Educación, emitido mediante Acuerdo No. 020-12, el cual se encuentra alineado con la misión y políticas determinadas en la Constitución Política de la República del Ecuador, la Ley Orgánica de Educación Intercultural (LOEI).