Quito, 7 de noviembre de 2017  

En el caso de los pagos iniciados esta semana, a favor de los servidores públicos jubilados del Magisterio, se informa que los beneficiarios NO requieren hacer ningún trámite al respecto, ya que el proceso se realiza de acuerdo al orden de prelación establecido.

En esta primera fase se está tramitando el pago a 595 servidores que aplicaron a la jubilación obligatoria (por tener más de 70 años de edad), o por enfermedades catastróficas o invalidez. La siguiente fase a ser tramitada será informada y difundida en su momento.

Para ser parte de la misma NO se requiere ningún trámite personal, pues las bases de datos están actualizadas y el proceso es automático, de conformidad con el orden de prelación referido.

El Ministerio de Educación hace un llamado a la comunidad a DENUNCIAR cualquier intento de cobro por procesos relacionados con estos pagos, y pone a disposición de la comunidad la línea 1800 338222, así como las direcciones distritales a nivel nacional, que están prestas a brindar cualquier asesoría adicional que se requiera al respecto.

Se recuerda a la ciudadanía que el Código Orgánico Integral Penal, en sus artículos 280 y 281, tipifica respectivamente los delitos de cohecho y de concusión.

El cohecho implica la aceptación o recepción, por parte de cualquier funcionario de beneficio económico o de otra clase para sí o un tercero, en virtud de hacer, omitir, agilitar, retardar o condicionar cuestiones relativas a sus funciones, y será sancionado con pena privativa de libertad de uno a tres años, con sus respectivas circunstancias agravantes.

En este mismo sentido, la persona que bajo cualquier modalidad ofrezca, dé o prometa a una o a un servidor público un donativo, dádiva, promesa, ventaja o beneficio económico indebido u otro bien de orden material, será sancionada con las mismas penas señaladas anteriormente.

La concusión implica el abuso de su cargo o funciones por parte de los servidores públicos, para ordenar o exigir la entrega de derechos, cuotas, contribuciones, rentas, intereses, sueldos o gratificaciones no debidas, y será sancionado con pena privativa de libertad de tres a cinco años.

El Ministerio de Educación trabaja arduamente para detectar cualquier irregularidad, y vela por los derechos de la comunidad educativa.